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Justicia y ética en la función pública.

 
Óscar Álvarez
 

La política en general y la función pública en particular deberían ser inseparables de la justicia y de la ética. El funcionario público debe tener como centro el servicio de las personas y el bien común, sabiendo que el bien común va de la mano con los derechos humanos. Como escribió el Papa Juan XXIII “En la época actual se considera que el bien común consiste principalmente en la defensa de los derechos y deberes de la persona humana.”

Sin embargo, la corrupción ha estado presente en todos los sistemas políticos a través de la historia, sin excepción alguna. Los sistemas totalitarios en particular y las dictaduras en general han sido grandes nichos de corrupción bien escondida. Como escribió Lord Acton: “El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Los sistemas más democráticos son los que más ventilan los hechos de corrupción.

La lucha contra la corrupción es entonces una causa difícil en la que jamás tendremos una victoria segura y definitiva. Pero es una lucha que debemos dar con el fin de que nuestro país vaya mejorando en el “ranking” mundial de la ética y la transparencia y se acerque, más y más, a las naciones que marchan a la vanguardia de la integridad en la función pública.

Cuando alguien es electo o nombrado en un cargo público debe ejercer sus funciones con honradez, integridad y transparencia, respetando las leyes y rindiendo cuentas a los ciudadanos. En el ejercicio de la función pública los fines éticos y legales se deben promover a través de medios también éticos y legales, es decir propios del estado de derecho.

El buen funcionario público ha de cumplir obviamente con las funciones que le encomienda su cargo. Pero, además ha de hacerlo con una actitud de servicio, más trascendental que los códigos de ética. Asimismo debe ser un luchador incansable contra todas las formas de corrupción. Y debe evitar sobre todo el uso de su cargo para obtener beneficios o ventajas sea para su persona o para sus familiares, socios y amigos.

El funcionario que transgreda normas éticas o incurra en delitos debe saber que sus actos podrán ser investigados, evaluados y eventualmente sancionados por las instituciones que controlan o fiscalizan la función pública y combaten la corrupción y el delito. Dichas investigaciones, evaluaciones y sanciones deberán ajustarse estrictamente a la Constitución Política y a los principios de la igualdad ante la ley, presunción de inocencia, resguardo a la dignidad y el honor de las personas, debido proceso y en términos más amplios el respeto a los derechos humanos.

Este tema es de la mayor importancia porque no se debe combatir la corrupción y el delito pasando por encima de las Declaraciones y Convenciones internacionales de los derechos humanos o de la misma Constitución Política.

La lucha por la ética en la función pública ha de realizarse dentro del marco de la justicia, del estado de derecho y del respeto a los derechos humanos. Como dijo Peter Eigen, Ex-Presidente de Transparencia Internacional: “ toda reforma anticorrupción debe ser encarada de tal modo que se compadezca con las normas internacionales de derechos humanos, en particular en lo referente al debido proceso y juicio justo”

En la esencia de la corrupción se encuentra el manejo de los bienes públicos como si fueran propiedad privada. Es decir que los funcionarios manejan la cosa pública como si fuera “cosa nostra”

Dicha corrupción constituye un obstáculo para el desarrollo económico y social sostenible y mina la credibilidad de las instituciones públicas, además de disminuir la legitimidad del sistema democrático.

Hay que aclarar, también, que la corrupción no es exclusiva del sector público, como pretenden algunos, y más bien con frecuencia los hechos de corrupción constituyen una suerte de mezcla entre intereses privados y públicos.

Cómo fortalecer la justicia y la ética en la función pública?

 Es un tema complejo que debe ser abordado desde diferentes ángulos. Desde luego es de la mayor importancia fortalecer una cultura de la ética, de la transparencia y de la rendición de cuentas por medio de cursos de capacitación para el funcionario público. Asimismo es deseable promover la elaboración, divulgación y sobre todo el cumplimiento  de códigos de ética. Es también pertinente actualizar la legislación contra el delito que involucra al funcionario público.

Pero simultáneamente es necesario estimular a los funcionarios honestos. Como escribió el activista de la anticorrupción Joseph Balcer “ Los funcionarios honestos deberían ser reconocidos, aplaudidos y estimulados... Si atacamos al corrupto, debemos también aplaudir al honesto y  al productivo”.

 

 
 
 
 
 

 

 
 
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